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Marzo 10, 2010 Nueva Ley de contrato de transporte terrestre de mercancías


El 12 de febrero de 2010 entró en vigor la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías (BOE nº 273 de 12 de noviembre de 2009), que actualiza su régimen jurídico tanto por lo que se refiere al transporte por carretera como por ferrocarril.

Esta Ley adapta, en lo sustancial, el Derecho del contrato de transporte terrestre español al modelo que suponen los convenios internacionales en la materia, básicamente al Convenio de transporte internacional de mercancías por carretera (CMR) y a las Reglas Uniformes CIM/1999, aunque debe señalarse que también presenta, en una medida muy importante, soluciones propias a muchos de los problemas que ofrece el transporte terrestre de mercancías.

La Ley regula unitariamente el contrato de transporte terrestre de mercancías, ya sea ésta por carretera como por ferrocarril, sin perjuicio de ofrecer soluciones específicas para el transporte ferroviario de mercancías cuando resulta necesario o conveniente.

Debe destacarse así mismo la naturaleza dispositiva de la presente Ley, de forma que salvo expresa estipulación contraria de la misma o de la legislación especial aplicable, las partes podrán excluir determinados contenidos de la Ley mediante el correspondiente pacto.

La Ley adopta un planteamiento novedoso respecto de la regulación legal de la obligación de pago del precio del transporte, estableciendo la responsabilidad subsidiaria de pago que asume el cargador en aquellos casos en que se pacte el pago de los portes por el destinatario.

La Ley dedica especial atención a la determinación de los sujetos del transporte, y a los problemas que plantea la intervención en el transporte de varios sujetos, clarificando la posición de las personas que intermedien en el transporte; la Ley consagra, en líneas generales, la obligación de tales intermediarios de contratar el transporte siempre en nombre propio y de asumir la posición de porteador.

Resulta novedosa así mismo, la regulación que se contiene del contrato de transporte multimodal, cuando uno de los modos empleados sea el terrestre, prestándose especial atención a la responsabilidad por daños en las mercancías y fijándose una solución supletoria para aquellos casos en que no pueda determinarse la fase del trayecto en que sobrevinieron tales daños.

La Ley, en la mayor parte de los supuestos, ajusta el plazo de prescripción de las acciones derivadas de los contratos de transporte a la regla general de un año establecida en el Código de Comercio, aunque estableciendo reglas específicas de cómputo requeridas por las peculiaridades presentes en el desarrollo y finalización de las operaciones de transporte.

Finalmente, en la disposición final primera de la Ley, se reforma la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, con el fin de cumplir los siguientes objetivos:

  • Colmar una laguna jurídica en relación con la infracción de los viajeros sin título de transporte, conducta hoy carente de tipificación legal como infracción administrativa.
  •  Liberalizar el transporte internacional de viajeros por ferrocarril, de acuerdo con lo exigido en la Directiva 2007/58/CE del Parlamento y del Consejo de 23 de octubre de 2007, por la que se modifican la Directiva 91/440/CEE del Consejo, sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios, y la Directiva 2001/14/CE, relativa a la adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria y la aplicación de cánones por su utilización.

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