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Marzo 10, 2010 Ley 17/2009 sobre el libre acceso a las actividades de servicios

La Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios (BOE nº 283 de 24 de noviembre de 2009) ha entrado en en vigor el 25 de diciembre de 2009 incorporando al ordenamiento jurídico español la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, con el fin de impulsar la mejora de la regulación del sector servicios, reduciendo las trabas injustificadas o desproporcionadas al ejercicio de una actividad de servicios proporcionando un entorno más favorable y transparente a los agentes económicos que incentive la creación de empresas y genere ganancias en eficiencia, productividad y empleo en las actividades de servicios, además del incremento de la variedad y calidad de los servicios disponibles para empresas y ciudadanos.

El objeto de esta Ley es, pues, establecer las disposiciones y principios necesarios para garantizar el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio realizadas en territorio español por prestadores establecidos en España o en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea, simplificando los procedimientos y fomentando al mismo tiempo un nivel elevado de calidad en los servicios, promoviendo un marco regulatorio transparente, predecible y favorable para la actividad económica, impulsando la modernización de las Administraciones Públicas para responder a las necesidades de empresas y consumidores y garantizando una mejor protección de los derechos de los consumidores y usuarios de servicios.

La Ley se aplica a las actividades de servicios por cuenta propia que se realizan a cambio de una contraprestación económica y que son ofrecidos o prestados en territorio español por prestadores establecidos en España o en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea.

Así mismo, la Ley excluye de su ámbito de aplicación ciertos servicios, como los financieros, del ámbito del transporte, de las empresas de trabajo temporal, sanitarios, de seguridad privada, etc...

La Ley 17/2009, establece como régimen general el de la libertad de acceso a las actividades de servicios y su libre ejercicio en todo el territorio español y regula como excepcionales los supuestos que permiten imponer restricciones a estas actividades; de forma que únicamente podrán mantenerse regímenes de autorización previa cuando no sean discriminatorios, estén justificados por una razón imperiosa de interés general y sean proporcionados.

Con carácter general, la realización de una comunicación o una declaración responsable o el otorgamiento de una autorización permitirá acceder a una actividad de servicios y ejercerla por tiempo indefinido y en la totalidad del territorio español, incluso mediante el establecimiento de sucursales (pudiendo limitarse dicha duración o territorio únicamente en casos excepcionales).

La Ley establece la libertad de prestación de servicios en territorio español para los prestadores establecidos en cualquier otro Estado miembro, sin más limitaciones que las establecidas en dicha Ley, aunque en casos excepcionales, se establece que se pueda supeditar el acceso de estos prestadores a una actividad de servicios o su ejercicio temporal en territorio español al cumplimiento de ciertos requisitos.

Dicha libre prestación de servicios no resulta de aplicación a actividades concretas en determinados sectores regulados (postal, energético, de gas natural o de aguas, entre otros) en los que existen obligaciones de servicio público y en los que parece conveniente que los prestadores de servicios establecidos en otros Estados miembros cumplan con los mismos requisitos aplicables a los establecidos en España.

Tampoco se aplica la prohibición de establecer restricciones a la libre prestación de servicios a determinadas materias como la abogacía, auditoria legal de cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, entre otros.

La Ley también contempla excepciones al principio de libre prestación de servicios de aplicación en casos individuales y por motivos relativos a la seguridad de los servicios.

La Ley incluye varios preceptos dirigidos a la simplificación de los procedimientos, a fin de que las Administraciones Públicas eliminen los procedimientos y trámites que no sean necesarios o sustituirlos por alternativas que resulten menos gravosas para los prestadores.

La presente Ley persigue, así mismo, la obtención de una alta calidad de los servicios, incluyendo las líneas de actuación en torno a las cuales las Administraciones Públicas fomentarán un alto nivel de calidad de los servicios así como las obligaciones de los prestadores, tanto respecto a la información que deben proveer como en materia de reclamaciones.

Finalmente la Ley pretende una cooperación administrativa para el control efectivo de los prestadores, facilitando una cooperación eficaz con las autoridades de los Estados miembros, mediante el establecimiento obligaciones generales de cooperación, entre las que destacan: la configuración de la estructura del sistema de cooperación, la capacidad de consulta de las autoridades competentes de otros Estados miembros a los registros en los que están inscritos prestadores de servicios, etc.

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