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Marzo 10, 2010 Fomento y agilización procesal de los alquileres

El pasado 24 de diciembre de 2009 entró en vigor la Ley 19/2009, de 23 de noviembre (BOE nº 283 de 24 de noviembre de 2009). La Ley parte de la necesidad, por un lado, de establecer medidas que estimulen el régimen de alquiler, dadas las innumerables ventajas económicas, sociales y laborales que ofrece el mismo, y por otro, de continuar con las reformas que permitan incrementar la eficiencia energética de los edificios en España, dado el fuerte impacto en el consumo energético que tiene el sector de la edificación, representando, aproximadamente, el 17% de toda la energía final consumida en España.

Con dicho objeto, se procede a la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, y la Ley de Enjuiciamiento Civil para impulsar el desarrollo del mercado del alquiler, y la Ley de Propiedad Horizontal, para facilitar actuaciones que mejoren la eficiencia energética de los edificios:

  • El artículo primero modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos para ampliar los supuestos en que no procede la prórroga obligatoria del contrato, de tal modo que se extiende a aquellos casos en que el arrendador tenga necesidad de ocupar la vivienda para sus familiares en primer grado, es decir, para los padres y los hijos o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de divorcio o nulidad matrimonial, siempre que así se haya hecho constar expresamente en el contrato para evitar fraudes y preservar la necesaria seguridad jurídica.

  • El artículo segundo modifica diversos preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil con el propósito de mejorar y agilizar los procesos de desahucio, salvaguardando en todo caso los derechos y garantías que protegen al inquilino de buena fe.
Así, por ejemplo, se someten al mismo régimen jurídico los procesos de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas y los procesos de desahucio por expiración legal o contractual del plazo del arrendamiento.

  • El artículo tercero, modifica la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar que las comunidades de propietarios puedan adoptar acuerdos para la realización de obras y la instalación de equipos o sistemas que tengan por finalidad mejorar la eficiencia energética del edificio.

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