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Noviembre 21, 2007 Nueva Ley de Contratos del Sector Público

Recientemente se ha promulgado la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (BOE nº261, de 31 de octubre de 2007).

La nueva Ley tiene como finalidad:

a) La adaptación a la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios.

b) La concentración en un texto normativo de la regulación sobre los contratos del sector público

c) La modernización de términos, institutos y soluciones contractuales.

De este modo, la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) desplaza y deroga a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (R.D.Legislativo 2/2000).

La Ley incorpora muchas novedades:

  • La tipificación legal del contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado o el sistema de diálogo competitivo.
  • También sirve para dar respaldo jurídico a la utilización de criterios sociales y medioambientales en los procesos de adjudicación de los contratos.
  • Para las universidades públicas supone su inclusión expresa en todas las enumeraciones y la exclusión de la necesidad de clasificación de sus contratos de investigación.
  • Otra novedad significativa, es el reconocimiento de Internet como instrumento, no sólo de publicidad de las licitaciones, que se regula y favorece, sino para la presentación de ofertas y el acceso a pliegos, proyectos, y demás documentos por esta vía.

Finalmente, los términos «concurso» y «subasta» desaparecen, sentándose el principio de «oferta económicamente más ventajosa» que remite en definitiva, a los criterios que el órgano de contratación ha de tener en cuenta para valorar las ofertas de los licitadores en los diferentes procedimientos abiertos, restringidos o negociados, y ya se utilice un único criterio (el precio, como en la antigua «subasta») o ya se considere una multiplicidad de ellos, como en el antiguo «concurso».

La ley entrará en vigor a los seis meses desde el día de su publicación en el BOE, aunque la disposición transitoria séptima prevé su aplicación inmediata en determinados aspectos.

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